El Acuerdo con la Santa Sede fue firmado el 3 de enero de 1979, siendo presidente del gobierno don Adolfo Suárez González y ocupándose de nuestros Exteriores don Marcelino Oreja Aguirre. En dicho Acuerdo (bueno es leerlo o releerlo, allá cada cual) se establece que se protegerá, por parte del Estado español y de la jerarquía eclesiástica, la libertad real y efectiva de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos (sí, no es malo recordar de vez en cuando que los hijos no son ganado propiedad del Estado sino responsabilidad directa de los padres). Curiosamente, en su artículo primero se establece una cláusula también interesante y desde luego repetidamente vulnerada; la educación que se imparta desde los centros públicos habrá de ser respetuosa con la ética cristiana (¿qué pasará con la de los centros privados?).
En su siguiente artículo, el Acuerdo establece la obligatoriedad para el Estado español de garantizar el derecho de todos los padres a que sus hijos cursen la asignatura de religión católica de forma análoga al resto de las demás asignaturas, dejando al albur de los padres decidir por sus hijos acerca de si estos han de cursarla o no. En el tercero de sus artículos, el Acuerdo señala que será la Autoridad Académica la que elija el profesorado de la asignatura en función de los candidatos presentados o aprobados por el Ordinario Diocesano (ojo, lo dice clarito, por el obispo). En su artículo sexto, el Estado Español y el Vaticano acuerdan que será de la Conferencia Episcopal española la competencia en dictaminar cuales habrán de ser los contenidos o materia de dicha enseñanza y los libros de texto que sirvan para impartirla.
Y esto, concurrido público, es Derecho positivo y vinculante, tanto o más que la Ley de Aguas o el Código Civil vigentes. No hay tu tía. Si no se cumplen estas cláusulas, se burla (por decirlo suave) un tratado internacional. No es que la Educación para la Ciudadanía sea un ataque directo contra dicho Acuerdo, pero es un instrumento peligrosísimo en manos de un gobierno y un sistema público decididamente anticatólicos contra el que atacar lo convenido con otro Estado. Me hacen gracia aquellos que señalan que el Estado del Vaticano es el único Estado del mundo teocrático. Coño, como que es el único Estado del mundo cuya única aspiración en este valle de lágrimas es la de dirigir almas hacia la salvación y la gracia, sean ambas lo que sean. Los mismos lo atacan por su falta de democracia callando como putas con respecto a otros ejemplos más “incómodos” para ellos (sin ir más lejos, la democracia cubana debe rivalizar en fortaleza y asentamiento con la de la Santa Sede). Tan Estado es el Vaticano como España, Cuba, China o Indonesia. Bueno, si habláramos de antigüedad, más de uno no resistía la comparación. Igual que el Estado español no tiene derecho a ocupar Gibraltar o las bases militares norteamericanas por muy legitimado que se crea para ello (legitimidad que comparto), tampoco lo tiene para saltarse las reglas acordadas con la Iglesia Católica.
Es decir, que si un profesor de religión incumple con los mandamientos de la religión católica (otro tanto habría que decir con los de la Santa Madre Iglesia), establecidos según se dice por la CEE versión Diocesano Ordinario (difícil estar a la altura de semejante título), dicho señor, esto es, el obispo, cuenta en su haber con la potestad de poner al profesor de patitas en la calle, por mucho que les pese a algunos y se mesen los cabellos otros. Ya sé que esto suena a chino (y ni siquiera mandarino), pero así son las cosas y así se las cuento. Cierto que el tratado firmado con la Santa Sede no está por encima de la Sagrada, Santa y en su Espíritu Muy Violada Constitución española, pero también es cierto que constituye derecho supranacional (o internacional, como decíamos toda la vida) y que a cualquier ley interna española se la mea por do quiera.
Repito y reafirmo algunas cosas para que sepamos con qué nos jugamos los cuartos. Tan legítimo era el gobierno de Suárez como el actual (e incomparablemente mucho más digno), y si aceptamos de mala gana las pésimas negociaciones comunitarias del PSOE, un poner, habremos de tragarnos los “posibles sapos” de anteriores gobiernos.
Yo, que me cuento entre los más radicales de ustedes, estoy en franco (ups, se me escapó) desacuerdo con el tenor del dichoso Acuerdo, aunque sea por motivos bien distintos. Yo creo que la Santa Sede está por encima de cualquier contingencia con respecto a los Estados temporales, con lo que entiendo que no se debe mezclar/manchar con cuestiones tan mundanas (de algo hay que comer me dirá alguno, pero en los Evangelios la preocupación por la comida es algo que deja bastante que desear). Y estoy de acuerdo con que para el levantisco sector comecuras patrio, el llegar a pactos con los hijos de la Caverna y del Oscurantismo es delito de lesa Racionalidad.
Todo eso está muy bien, pero lo que a ustedes y a mí nos parezca del asunto es poco menos que mierda de pavo. Leído el Programa Electoral del PSOE (no, no me compadezcan, sólo he leído lo que me interesaba, más bien poco), constato que apenas se dice nada al respecto. Las encuestas internas que manejan en el PSOE dicen que en torno al 75% de los votantes socialistas se definen como cristianos (un poco menor al de los que votan al PP, un 85%), por lo que les debe resultar un tanto incómodo a los gerifaltes del puño y la rosa ponerse a lo que en verdad les pide el cuerpo, ni más ni menos que denunciar (así se dice en el argot) el Acuerdo con la Santa Sede. Aunque muy esclarecedor resulta reseñar que si bien en las últimas elecciones generales unos ocho millones y medio de católicos (ocho millones y medio de católicos muy despistados, por otra parte) votaron al PSOE, la federación de Cristianos Socialistas (¿?) apenas llega a los quinientos afiliados.
Pero todo esto no es más que hojarasca. El Acuerdo con la Santa Sede, firmados (para los que se la cogen con papel de fumar) por un gobierno tan constitucional o más que el presente, es normativa en pleno vigor y dice lo que dice y no lo que a algunos les gustaría que dijese. Y dice y exhibe el derecho que tiene cualquier padre a elegir para sus hijos formación religiosa católica en cualquier centro público, y asimismo el derecho que tiene cualquier padre a exigir que si no se cumple, se haga cumplir.
Igual que tuvimos en el pasado una Cruzada de dudoso gusto, ahora disfrutamos de la Laizada de don Fernando Savater (en el papel de Bouillon), de Zerolo (de Ricardo Corazón de León (por motivo de determinadas y muy compartidas inclinaciones)) y de Pepiño Blanco en plan San Luis rey de Francia. Si Dios existe o no (cuestión ya dilucidada desque Perroantonio y Mercutio se pronunciaron al respecto), al Estado español le importa un pito, pimiento, huevo o higa, como prefieran. Y si un profesor (docente los llaman) gusta del tracto anal, se ha divorciado seis veces, se declara abortista y defiende el consumo de drogas, el Acuerdo sancionado por el Estado legitima al señor obispo a ponerlo en la puta calle. Nos guste o no (así es la ley, que obliga).
En su siguiente artículo, el Acuerdo establece la obligatoriedad para el Estado español de garantizar el derecho de todos los padres a que sus hijos cursen la asignatura de religión católica de forma análoga al resto de las demás asignaturas, dejando al albur de los padres decidir por sus hijos acerca de si estos han de cursarla o no. En el tercero de sus artículos, el Acuerdo señala que será la Autoridad Académica la que elija el profesorado de la asignatura en función de los candidatos presentados o aprobados por el Ordinario Diocesano (ojo, lo dice clarito, por el obispo). En su artículo sexto, el Estado Español y el Vaticano acuerdan que será de la Conferencia Episcopal española la competencia en dictaminar cuales habrán de ser los contenidos o materia de dicha enseñanza y los libros de texto que sirvan para impartirla.
Y esto, concurrido público, es Derecho positivo y vinculante, tanto o más que la Ley de Aguas o el Código Civil vigentes. No hay tu tía. Si no se cumplen estas cláusulas, se burla (por decirlo suave) un tratado internacional. No es que la Educación para la Ciudadanía sea un ataque directo contra dicho Acuerdo, pero es un instrumento peligrosísimo en manos de un gobierno y un sistema público decididamente anticatólicos contra el que atacar lo convenido con otro Estado. Me hacen gracia aquellos que señalan que el Estado del Vaticano es el único Estado del mundo teocrático. Coño, como que es el único Estado del mundo cuya única aspiración en este valle de lágrimas es la de dirigir almas hacia la salvación y la gracia, sean ambas lo que sean. Los mismos lo atacan por su falta de democracia callando como putas con respecto a otros ejemplos más “incómodos” para ellos (sin ir más lejos, la democracia cubana debe rivalizar en fortaleza y asentamiento con la de la Santa Sede). Tan Estado es el Vaticano como España, Cuba, China o Indonesia. Bueno, si habláramos de antigüedad, más de uno no resistía la comparación. Igual que el Estado español no tiene derecho a ocupar Gibraltar o las bases militares norteamericanas por muy legitimado que se crea para ello (legitimidad que comparto), tampoco lo tiene para saltarse las reglas acordadas con la Iglesia Católica.
Es decir, que si un profesor de religión incumple con los mandamientos de la religión católica (otro tanto habría que decir con los de la Santa Madre Iglesia), establecidos según se dice por la CEE versión Diocesano Ordinario (difícil estar a la altura de semejante título), dicho señor, esto es, el obispo, cuenta en su haber con la potestad de poner al profesor de patitas en la calle, por mucho que les pese a algunos y se mesen los cabellos otros. Ya sé que esto suena a chino (y ni siquiera mandarino), pero así son las cosas y así se las cuento. Cierto que el tratado firmado con la Santa Sede no está por encima de la Sagrada, Santa y en su Espíritu Muy Violada Constitución española, pero también es cierto que constituye derecho supranacional (o internacional, como decíamos toda la vida) y que a cualquier ley interna española se la mea por do quiera.
Repito y reafirmo algunas cosas para que sepamos con qué nos jugamos los cuartos. Tan legítimo era el gobierno de Suárez como el actual (e incomparablemente mucho más digno), y si aceptamos de mala gana las pésimas negociaciones comunitarias del PSOE, un poner, habremos de tragarnos los “posibles sapos” de anteriores gobiernos.
Yo, que me cuento entre los más radicales de ustedes, estoy en franco (ups, se me escapó) desacuerdo con el tenor del dichoso Acuerdo, aunque sea por motivos bien distintos. Yo creo que la Santa Sede está por encima de cualquier contingencia con respecto a los Estados temporales, con lo que entiendo que no se debe mezclar/manchar con cuestiones tan mundanas (de algo hay que comer me dirá alguno, pero en los Evangelios la preocupación por la comida es algo que deja bastante que desear). Y estoy de acuerdo con que para el levantisco sector comecuras patrio, el llegar a pactos con los hijos de la Caverna y del Oscurantismo es delito de lesa Racionalidad.
Todo eso está muy bien, pero lo que a ustedes y a mí nos parezca del asunto es poco menos que mierda de pavo. Leído el Programa Electoral del PSOE (no, no me compadezcan, sólo he leído lo que me interesaba, más bien poco), constato que apenas se dice nada al respecto. Las encuestas internas que manejan en el PSOE dicen que en torno al 75% de los votantes socialistas se definen como cristianos (un poco menor al de los que votan al PP, un 85%), por lo que les debe resultar un tanto incómodo a los gerifaltes del puño y la rosa ponerse a lo que en verdad les pide el cuerpo, ni más ni menos que denunciar (así se dice en el argot) el Acuerdo con la Santa Sede. Aunque muy esclarecedor resulta reseñar que si bien en las últimas elecciones generales unos ocho millones y medio de católicos (ocho millones y medio de católicos muy despistados, por otra parte) votaron al PSOE, la federación de Cristianos Socialistas (¿?) apenas llega a los quinientos afiliados.
Pero todo esto no es más que hojarasca. El Acuerdo con la Santa Sede, firmados (para los que se la cogen con papel de fumar) por un gobierno tan constitucional o más que el presente, es normativa en pleno vigor y dice lo que dice y no lo que a algunos les gustaría que dijese. Y dice y exhibe el derecho que tiene cualquier padre a elegir para sus hijos formación religiosa católica en cualquier centro público, y asimismo el derecho que tiene cualquier padre a exigir que si no se cumple, se haga cumplir.
Igual que tuvimos en el pasado una Cruzada de dudoso gusto, ahora disfrutamos de la Laizada de don Fernando Savater (en el papel de Bouillon), de Zerolo (de Ricardo Corazón de León (por motivo de determinadas y muy compartidas inclinaciones)) y de Pepiño Blanco en plan San Luis rey de Francia. Si Dios existe o no (cuestión ya dilucidada desque Perroantonio y Mercutio se pronunciaron al respecto), al Estado español le importa un pito, pimiento, huevo o higa, como prefieran. Y si un profesor (docente los llaman) gusta del tracto anal, se ha divorciado seis veces, se declara abortista y defiende el consumo de drogas, el Acuerdo sancionado por el Estado legitima al señor obispo a ponerlo en la puta calle. Nos guste o no (así es la ley, que obliga).
(Escrito por Edgardo de Gloucester)
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