Mi opinión acerca del Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña estaba fuertemente mediatizada por el editorial publicado por El País el pasado 4 de mayo de 1981. De ello me doy cuenta ahora con la lectura del propio Manifiesto -no publicado por El País hasta el 5 de julio de dicho año- , es decir, nada menos que dos meses después, y también después de artículo “En torno al manifiesto sobre el uso del catalán”, del que son autores cuatro firmantes del citado Manifiesto, con los que coincido al creer que, “en esta ocasión [El País] no sólo hace lo contrario de lo que acostumbra y predica sino que tergiversa, de modo expreso y literal, un texto y ofende a sus firmantes”.
Con la decisión de “abrir las páginas de El País a ese debate”, el periódico parece ofrecer una reparación digna de elogio a los vapuleados 2.300 intelectuales que viven y trabajan en Cataluña y declarando que desea “contribuir a que las posiciones dialogantes, constructivas y honestas ocupen el lugar de las diatribas e insultos”, lo que parece situar a El País con respecto a este tema en la línea que de él siempre esperan sus lectores.
Dicho lo que antecede me gustaría tener la oportunidad de expresar mi opinión ahora que la polémica puede dejar paso al debate constructivo. La lectura del artículo “Cuando las lenguas delinquen” del que es autor Albert Manet, igualmente publicado en El País del 5 de julio, me ha permitido elaborar una interpretación personal del problema y despejar algunas incógnitas del mismo. El señor Manet dedica más de cuatro columnas a describir la verdaderamente tenebrosa realidad en la que tuvieron que vivir los hablantes en catalán después de 1939, año en el que los vencedores de la guerra civil (entre los que había no pocos catalanes, no lo olvidemos) iniciaron una política nefasta con la que intentaron destruir la lengua y la cultura catalanas, objetivo que afortunadamente no consiguieron gracias a la tenaz e indomable defensa de los catalanes de su identidad colectiva. Hoy nos encontramos con una lengua catalana maltrecha y en inferioridad de condiciones todavía, es cierto, pero dispuesta a restañar las heridas del pasado para revitalizar una parte sustancial e inalienable del patrimonio cultural de España.
Pero el señor Manet no nos dice nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en materia de uso de las dos hablas que hay en Cataluña, al menos no se manifiesta en este terreno con la misma minuciosidad con que narra los acontecimientos del pasado. Cataluña y el resto de España han cambiado tan sustancialmente a lo largo de medio siglo que en muchos aspectos podemos decir que el escenario de 1981 poco tiene en común con el de 1936 – 1939, y no digamos con el de 1924, año del manifiesto en defensa del catalán que dirigió al dictador Primo de Rivera un escogido grupo de intelectuales de habla castellana. Hoy la mitad de la población de Cataluña es castellano-hablante, dato que, por sí mismo, establece unas coordenadas de una importancia decisiva y que, por consiguiente, nadie puede olvidar, nadie bienintencionado se entiende. Junto a esta realidad, que es tanto lingüística como socioeconómica, hay una superestructura jurídica, nada menos que una Constitución hecha democráticamente, que en su artículo 3 consagra la cooficialidad en Cataluña del castellano y del catalán.
Probadas están, y condenadas, las atrocidades genocidas de los regímenes autoritarios que en la nación española se han padecido por el catalán y por otras lenguas españolas, incluido el propio castellano me atrevería a decir si no fuera este otro cantar. El Manifiesto de los 2.300 puede haber molestado a los gobernantes catalanes, pero no creo que haya que demostrar ahora que los gobernantes en general y los españoles en particular son extraordinariamente susceptibles cuando los administrados enjuician su labor, y no creo que los gobernantes catalanes sean una excepción. Es muy posible que los autores del Manifiesto hayan puesto el dedo en la llaga: cualquier observador imparcial puede tener la sensación de que algo de lo que denuncia el Manifiesto puede estar ocurriendo o estar en trance de convertirse en una realidad que mañana puede ser difícil de corregir. Y si esto es así, de nada sirve que se insulte a los firmantes del Manifiesto insinuando que añoran el franquismo, despreciándolos públicamente y tratándolos de “cerriles” y de “voces oscuras” que emplean “calumnias y manipulaciones sobre la situación del castellano en Cataluña”, como dice el señor Manet, director de Actividades Artísticas y Literarias de la Generalitat.
El tema se ha politizado, quizás inevitablemente, en la peor dirección que cabía imaginar. En Cataluña, sobre todo en Barcelona, las polémicas públicas se podían montar hace años alrededor de los opuestos “catalanes – mesetarios” mientras que en Madrid se montaban siempre en torno a “progresistas – reaccionarios”. Mucho me temo que el simplismo de entonces haya llegado al absurdo de equipar catalanes con progresistas y mesetarios con reaccionarios, tal vez con la ayuda del ripio. Y si ello es así, no es de extrañar que la polémica pueda estar alcanzando “un grado de crispación y virulencia que amenaza con ser utilizado por los adversarios del régimen democrático” como apunta El País. Hay que saber oír al que denuncia por ácida que sea la forma utilizada y es de mal estilo el insulto fácil y prepotente contra la minoría disidente y denunciante, sobre todo cuando el insulto y la prepotencia vienen del poder político, sea éste central o autonómico. La situación que crea el bilingüísmo es siempre harto peligrosa a causa de sus muchos componentes políticos y emocionales, es decir, básicamente irracionales en el mejor sentido de la palabra, y cuando su espiral se desata de poco suelen servir ya las medidas que se adopten para remediar sus devastadores efectos. Estoy por afirmar que, caso de llevar razón el Manifiesto, estamos todavía a tiempo de evitar que en la cuestión lingüística catalana se aplique, consciente o inconscientemente, la penosa ley del péndulo. Bueno y positivo que el catalán recupere el tiempo perdido pero, por favor, que no sea a costa de los inalienables derechos de los que se ha dado en llamar les altres catalans.
Tanto el artículo del citado señor Manet como el editorial de El País del 4 de mayo recurren a argumentos de tipo histórico contra el Manifiesto de 1981. Es lamentable en este sentido la publicación del Manifiesto de 1924 por dicho periódico remitiéndose al “buen criterio del lector”, del que espera que sea capaz de “extraer sus conclusiones sobre ambos textos”. El procedimiento parece en principio un alarde de escrupulosidad periodística que, sin embargo, podría esfumarse en un análisis algo más detenido, hasta el punto de empañar seriamente la imparcialidad que aparentemente se pretende con el ofrecimiento de sus páginas para el desapasionado tratamiento del tema. Debo repetirlo una vez más. En 57 años las realidades sociales de nuestra Patria han cambiado tanto que bien pueden merecer manifiestos de contenidos diametralmente opuestos escritos bajo idénticas preocupaciones. En otras palabras: me parece perfectamente verosímil que quienes firmaron el ejemplar manifiesto de 1924 ante una situación de peligro para el catalán hubieran firmado en 1981 un manifiesto similar denunciando el posible peligro del castellano en Cataluña. Porque es aquí donde reside la cuestión fundamental del asunto que nos ocupa: en la igualdad de derechos de dos comunidades españolas que hoy viven en Cataluña y entre las cuales se pueden apreciar diferencias no sólo lingüísticas y culturales sino también, y muy especialmente, diferencias de nivel de vida.
A cualquiera que de verdad le interese que ambas comunidades convivan pacíficamente por el bien de Cataluña y de España le puede parecer que, por muy complicado que sea el problema, la sociedad, y muy especialmente sus representantes democráticamente elegidos, tiene el deber de ofrecer fórmulas no discriminatorias de solución que respeten los derechos de las dos hablas hermanas que hoy se usan en Cataluña. Que a los catalanes de origen se les garantice la enseñanza del catalán y en catalán es un derecho fundamental que nadie en España debe poner en tela de juicio. Pero, por la misma razón, hay que garantizar que los catalanes de adopción que lo deseen puedan recibir enseñanza de castellano y en castellano. Sería de esperar que estos últimos se interesaran por conocer cada día mejor el idioma y la cultura del pueblo que les está permitiendo tener un puesto de trabajo y, para fomentarlo, no estaría de más que recibieran también enseñanza del catalán. De igual modo, es muy probable que los catalanes de origen se interesen en dominar el castellano. Cataluña, que ha sido bilingüe en sus capas más cultas durante los años más negros de la dictadura, debe seguir siendo bilingüe en la libertad de la democracia.
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Este artículo fue publicado como Tribuna Libre por el diario El País en el mes de junio de 1981. Supe que se había publicado cuando encontré a un compañero de trabajo militante de UGT y que dos años más tarde, en octubre de 1982, fue nombrado Director General por un ministro del primer gobierno de Felipe González. Digo esto porque aquel compañero sindicalista estaba muy enfadado conmigo por haber escrito el artículo. Es evidente que después de más de un cuarto de siglo después ya hay en Cataluña altres catalans de segunda generación pero entonces no los había. Como se puede colegir, la situación no sólo no ha mejorado sino que ha alcanzado cotas de gravedad más elevadas debido al avance del monolingüismo que se propone alcanzar el gobierno catalán sin que el gobierno de España lo esté impidiendo.
Finalmente deseo añadir que esta entrada responde a una deuda que tenía contraída con Tsevanrabtan a quien le prometí que le haría llegar la Tribuna. He preferido hacerlo como entrada para que puedan conocerla todos los nicks que lo deseen. Un saludo para todos.
Con la decisión de “abrir las páginas de El País a ese debate”, el periódico parece ofrecer una reparación digna de elogio a los vapuleados 2.300 intelectuales que viven y trabajan en Cataluña y declarando que desea “contribuir a que las posiciones dialogantes, constructivas y honestas ocupen el lugar de las diatribas e insultos”, lo que parece situar a El País con respecto a este tema en la línea que de él siempre esperan sus lectores.
Dicho lo que antecede me gustaría tener la oportunidad de expresar mi opinión ahora que la polémica puede dejar paso al debate constructivo. La lectura del artículo “Cuando las lenguas delinquen” del que es autor Albert Manet, igualmente publicado en El País del 5 de julio, me ha permitido elaborar una interpretación personal del problema y despejar algunas incógnitas del mismo. El señor Manet dedica más de cuatro columnas a describir la verdaderamente tenebrosa realidad en la que tuvieron que vivir los hablantes en catalán después de 1939, año en el que los vencedores de la guerra civil (entre los que había no pocos catalanes, no lo olvidemos) iniciaron una política nefasta con la que intentaron destruir la lengua y la cultura catalanas, objetivo que afortunadamente no consiguieron gracias a la tenaz e indomable defensa de los catalanes de su identidad colectiva. Hoy nos encontramos con una lengua catalana maltrecha y en inferioridad de condiciones todavía, es cierto, pero dispuesta a restañar las heridas del pasado para revitalizar una parte sustancial e inalienable del patrimonio cultural de España.
Pero el señor Manet no nos dice nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en materia de uso de las dos hablas que hay en Cataluña, al menos no se manifiesta en este terreno con la misma minuciosidad con que narra los acontecimientos del pasado. Cataluña y el resto de España han cambiado tan sustancialmente a lo largo de medio siglo que en muchos aspectos podemos decir que el escenario de 1981 poco tiene en común con el de 1936 – 1939, y no digamos con el de 1924, año del manifiesto en defensa del catalán que dirigió al dictador Primo de Rivera un escogido grupo de intelectuales de habla castellana. Hoy la mitad de la población de Cataluña es castellano-hablante, dato que, por sí mismo, establece unas coordenadas de una importancia decisiva y que, por consiguiente, nadie puede olvidar, nadie bienintencionado se entiende. Junto a esta realidad, que es tanto lingüística como socioeconómica, hay una superestructura jurídica, nada menos que una Constitución hecha democráticamente, que en su artículo 3 consagra la cooficialidad en Cataluña del castellano y del catalán.
Probadas están, y condenadas, las atrocidades genocidas de los regímenes autoritarios que en la nación española se han padecido por el catalán y por otras lenguas españolas, incluido el propio castellano me atrevería a decir si no fuera este otro cantar. El Manifiesto de los 2.300 puede haber molestado a los gobernantes catalanes, pero no creo que haya que demostrar ahora que los gobernantes en general y los españoles en particular son extraordinariamente susceptibles cuando los administrados enjuician su labor, y no creo que los gobernantes catalanes sean una excepción. Es muy posible que los autores del Manifiesto hayan puesto el dedo en la llaga: cualquier observador imparcial puede tener la sensación de que algo de lo que denuncia el Manifiesto puede estar ocurriendo o estar en trance de convertirse en una realidad que mañana puede ser difícil de corregir. Y si esto es así, de nada sirve que se insulte a los firmantes del Manifiesto insinuando que añoran el franquismo, despreciándolos públicamente y tratándolos de “cerriles” y de “voces oscuras” que emplean “calumnias y manipulaciones sobre la situación del castellano en Cataluña”, como dice el señor Manet, director de Actividades Artísticas y Literarias de la Generalitat.
El tema se ha politizado, quizás inevitablemente, en la peor dirección que cabía imaginar. En Cataluña, sobre todo en Barcelona, las polémicas públicas se podían montar hace años alrededor de los opuestos “catalanes – mesetarios” mientras que en Madrid se montaban siempre en torno a “progresistas – reaccionarios”. Mucho me temo que el simplismo de entonces haya llegado al absurdo de equipar catalanes con progresistas y mesetarios con reaccionarios, tal vez con la ayuda del ripio. Y si ello es así, no es de extrañar que la polémica pueda estar alcanzando “un grado de crispación y virulencia que amenaza con ser utilizado por los adversarios del régimen democrático” como apunta El País. Hay que saber oír al que denuncia por ácida que sea la forma utilizada y es de mal estilo el insulto fácil y prepotente contra la minoría disidente y denunciante, sobre todo cuando el insulto y la prepotencia vienen del poder político, sea éste central o autonómico. La situación que crea el bilingüísmo es siempre harto peligrosa a causa de sus muchos componentes políticos y emocionales, es decir, básicamente irracionales en el mejor sentido de la palabra, y cuando su espiral se desata de poco suelen servir ya las medidas que se adopten para remediar sus devastadores efectos. Estoy por afirmar que, caso de llevar razón el Manifiesto, estamos todavía a tiempo de evitar que en la cuestión lingüística catalana se aplique, consciente o inconscientemente, la penosa ley del péndulo. Bueno y positivo que el catalán recupere el tiempo perdido pero, por favor, que no sea a costa de los inalienables derechos de los que se ha dado en llamar les altres catalans.
Tanto el artículo del citado señor Manet como el editorial de El País del 4 de mayo recurren a argumentos de tipo histórico contra el Manifiesto de 1981. Es lamentable en este sentido la publicación del Manifiesto de 1924 por dicho periódico remitiéndose al “buen criterio del lector”, del que espera que sea capaz de “extraer sus conclusiones sobre ambos textos”. El procedimiento parece en principio un alarde de escrupulosidad periodística que, sin embargo, podría esfumarse en un análisis algo más detenido, hasta el punto de empañar seriamente la imparcialidad que aparentemente se pretende con el ofrecimiento de sus páginas para el desapasionado tratamiento del tema. Debo repetirlo una vez más. En 57 años las realidades sociales de nuestra Patria han cambiado tanto que bien pueden merecer manifiestos de contenidos diametralmente opuestos escritos bajo idénticas preocupaciones. En otras palabras: me parece perfectamente verosímil que quienes firmaron el ejemplar manifiesto de 1924 ante una situación de peligro para el catalán hubieran firmado en 1981 un manifiesto similar denunciando el posible peligro del castellano en Cataluña. Porque es aquí donde reside la cuestión fundamental del asunto que nos ocupa: en la igualdad de derechos de dos comunidades españolas que hoy viven en Cataluña y entre las cuales se pueden apreciar diferencias no sólo lingüísticas y culturales sino también, y muy especialmente, diferencias de nivel de vida.
A cualquiera que de verdad le interese que ambas comunidades convivan pacíficamente por el bien de Cataluña y de España le puede parecer que, por muy complicado que sea el problema, la sociedad, y muy especialmente sus representantes democráticamente elegidos, tiene el deber de ofrecer fórmulas no discriminatorias de solución que respeten los derechos de las dos hablas hermanas que hoy se usan en Cataluña. Que a los catalanes de origen se les garantice la enseñanza del catalán y en catalán es un derecho fundamental que nadie en España debe poner en tela de juicio. Pero, por la misma razón, hay que garantizar que los catalanes de adopción que lo deseen puedan recibir enseñanza de castellano y en castellano. Sería de esperar que estos últimos se interesaran por conocer cada día mejor el idioma y la cultura del pueblo que les está permitiendo tener un puesto de trabajo y, para fomentarlo, no estaría de más que recibieran también enseñanza del catalán. De igual modo, es muy probable que los catalanes de origen se interesen en dominar el castellano. Cataluña, que ha sido bilingüe en sus capas más cultas durante los años más negros de la dictadura, debe seguir siendo bilingüe en la libertad de la democracia.
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Este artículo fue publicado como Tribuna Libre por el diario El País en el mes de junio de 1981. Supe que se había publicado cuando encontré a un compañero de trabajo militante de UGT y que dos años más tarde, en octubre de 1982, fue nombrado Director General por un ministro del primer gobierno de Felipe González. Digo esto porque aquel compañero sindicalista estaba muy enfadado conmigo por haber escrito el artículo. Es evidente que después de más de un cuarto de siglo después ya hay en Cataluña altres catalans de segunda generación pero entonces no los había. Como se puede colegir, la situación no sólo no ha mejorado sino que ha alcanzado cotas de gravedad más elevadas debido al avance del monolingüismo que se propone alcanzar el gobierno catalán sin que el gobierno de España lo esté impidiendo.
Finalmente deseo añadir que esta entrada responde a una deuda que tenía contraída con Tsevanrabtan a quien le prometí que le haría llegar la Tribuna. He preferido hacerlo como entrada para que puedan conocerla todos los nicks que lo deseen. Un saludo para todos.
(Escrito por Desdeluego)
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