Con el fin de contribuir a la concordia en el espinoso asunto de las lenguas, común y vernáculas, ofrezco este Manifiesto, que se clavará en las puertas de iglesias, orfanatos, supermercados, casas de salud y delegaciones de industria:
1. Las lenguas no son personas jurídicas, ni siquiera físicas, por lo que no son sujeto de derecho. No insistan.
2. Sin embargo, los hablantes tienen derecho al uso de su lengua, como los creyentes a la práctica de su culto, puesto que de cultos y ritos hablamos. Ese derecho no implica más obligación por parte del Estado que la de no estorbar. En absoluto supone la declaración de oficialidad o el reconocimiento jurídico de “lengua propia” para una región, puesto que no hay ninguna comunidad en España con lengua vernácula como única propia ni exclusiva.
3. Las lenguas nacen, crecen, se prostituyen y mueren, como los osos pardos, el abejaruco moreno o los naturales de cualquier lugar, pero no son una especie en extinción. Principalmente porque no son una especie, sino que pertenecen a la misma especie: se pueden mezclar y cuando una se extingue se pasa a hablar en la vecina o en la que a cada uno le acomode. No procede su protección pública porque la extinción de una lengua no afecta a la comunicación entre ciudadanos bilingües ni de éstos con terceros.
4. Pueden considerarse como un bien público siempre que su uso no excluya a otra lengua (el castellano), no sea obligatorio para los residentes en un lugar determinado y sus beneficios (comunicación) se repartan de manera indivisible entre toda la comunidad, con independencia de que los ciudadanos quieran usarlas o no. Las lenguas vernáculas no cumplen estas condiciones hoy. Aunque fueran bienes públicos, el estado no queda obligado a su provisión pública ni gratuita.
5. Las lenguas sirven para comunicarse, incluso para entenderse, no para pedir subvenciones ni para sufragar canonjías. La dedicación al trabajo autónomo por parte de sus hablantes evitaría muchas tensiones y aliviaría notablemente la hacienda pública.
6. Posología de las lenguas vernáculas: se reconoce el derecho de sus hablantes a ser atendidos en ellas por los servicios públicos, quedando los funcionarios correspondientes obligados a entenderlas, que no a hablarlas. Unos modestos servicios de traducción de y a la lengua común y la buena voluntad de esos probos empleados públicos harán el resto, incluso el contento de los sensatos.
7. Contraindicaciones: su abuso puede producir exceso de bilis, ceguera e incluso ruina educativa y social en la zona afectada.
8. Las lenguas de combate están condenadas a la trinchera cuando la común conquistada se sacude de encima las balas de fogueo. Mientras esto no suceda, no se permite la violencia institucional ni social contra ninguna lengua.
9. No hay rentistas de las lenguas: los comisarios lingüísticos serán tratados como los capellanes castrenses y otras almas en pena: se les deja en libertad, sin cargos ni sueldo público.
Este Manifiesto puede suscribirse íntegra, parcialmente o ser objeto de añadidos por parte del lector, siempre que sea de su puño y letra y al pie del pasquín.
Que disfruten ustedes de unas merecidas vacaciones lingüísticas. No podré atender sus justas reclamaciones hasta dentro de un mes.
3. Las lenguas nacen, crecen, se prostituyen y mueren, como los osos pardos, el abejaruco moreno o los naturales de cualquier lugar, pero no son una especie en extinción. Principalmente porque no son una especie, sino que pertenecen a la misma especie: se pueden mezclar y cuando una se extingue se pasa a hablar en la vecina o en la que a cada uno le acomode. No procede su protección pública porque la extinción de una lengua no afecta a la comunicación entre ciudadanos bilingües ni de éstos con terceros.
4. Pueden considerarse como un bien público siempre que su uso no excluya a otra lengua (el castellano), no sea obligatorio para los residentes en un lugar determinado y sus beneficios (comunicación) se repartan de manera indivisible entre toda la comunidad, con independencia de que los ciudadanos quieran usarlas o no. Las lenguas vernáculas no cumplen estas condiciones hoy. Aunque fueran bienes públicos, el estado no queda obligado a su provisión pública ni gratuita.
5. Las lenguas sirven para comunicarse, incluso para entenderse, no para pedir subvenciones ni para sufragar canonjías. La dedicación al trabajo autónomo por parte de sus hablantes evitaría muchas tensiones y aliviaría notablemente la hacienda pública.
6. Posología de las lenguas vernáculas: se reconoce el derecho de sus hablantes a ser atendidos en ellas por los servicios públicos, quedando los funcionarios correspondientes obligados a entenderlas, que no a hablarlas. Unos modestos servicios de traducción de y a la lengua común y la buena voluntad de esos probos empleados públicos harán el resto, incluso el contento de los sensatos.
7. Contraindicaciones: su abuso puede producir exceso de bilis, ceguera e incluso ruina educativa y social en la zona afectada.
8. Las lenguas de combate están condenadas a la trinchera cuando la común conquistada se sacude de encima las balas de fogueo. Mientras esto no suceda, no se permite la violencia institucional ni social contra ninguna lengua.
9. No hay rentistas de las lenguas: los comisarios lingüísticos serán tratados como los capellanes castrenses y otras almas en pena: se les deja en libertad, sin cargos ni sueldo público.
10. Hay una jerarquía de lenguas, como la hay de novias, amantes, sabores, humores, honores y camisas que ponerse. Esa jerarquía se mide con la capacidad de comunicación y de mezcla que tiene cada lengua y con su apertura a nuevos hablantes. En la cola figuran aquéllas que necesitan subvención e institución para sobrevivir. No se engañen más con el placebo de la igualdad.
Este Manifiesto puede suscribirse íntegra, parcialmente o ser objeto de añadidos por parte del lector, siempre que sea de su puño y letra y al pie del pasquín.
Que disfruten ustedes de unas merecidas vacaciones lingüísticas. No podré atender sus justas reclamaciones hasta dentro de un mes.
(Escrito por Bartleby)
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