Les paso un artículo interesante, tomado de ABC:
Cambio de fase
POR ÁLVARO DELGADO-GAL
De incalculablemente grande se puede calificar la manifestación de ayer. ¿Un millón de personas? ¿La mitad? ¿Más de un millón? Los expertos en despistar nos volverán a despistar de nuevo. De manera que es mejor dejar la aritmética a un lado. La concurrencia fue enorme, y basta.
Ello se explica por tres razones. Por supuesto, la implicación del PP, que no podía convocar a las multitudes y permitirse el lujo de reunir sobre el asfalto a unos cuantos amigos. Pero ésta no ha sido la única razón del asombroso llenazo. Ha contribuido también lo suyo la desastrosa estrategia propagandística del Gobierno.
El último ha hecho algo peor que divulgar mensajes ineficaces: y es conseguir que los unos neutralizaran a los otros. No tiene sentido apretar el resorte del humanitarismo, y decir a la vez que Aznar ha sido, a su manera, un pusilánime. Es absurdo sostener, mendazmente, que no se ha hecho otra cosa que aplicar los algoritmos penitenciarios, e invocar la prudencia política para defender la excarcelación de De Juana. Fue también un error de bulto y una fealdad que el ministro del Interior intentase cubrir al presidente asumiendo la responsabilidad de la excarcelación. Nadie se lo ha creído, ni siquiera los militantes del Partido Socialista. Todo esto, al agregarse, ha aumentado la sensación de estafa. De resultas, se ha logrado movilizar a ciudadanos que acaso habrían preferido quedarse en casa.
La tercera razón, estimo que la principal, es que a los españoles les disgusta profundamente que se trate con miramientos a un asesino en serie. Las encuestas reflejan de modo unánime que el ciudadano es todavía más reacio a las medidas de gracia, que a las concesiones políticas, la autodeterminación del País Vasco incluida.
Esto es infeliz, ya que invierte el orden de los factores y enturbia el propio significado de la macromanifestación de ayer. El lema esgrimido por los convocantes -«España por la libertad, no más cesiones a ETA»- era técnicamente correcto. Aludía al hecho no descartable de que puedan estar negociándose los derechos individuales en una parte de España, y al incontrovertible de que se ha claudicado frente a un chantaje. Pero las emociones predominantes eran más confusas. La idea de que es nefasto aliviar el tiempo de prisión de un tipo aborrecible niega de oficio a un Gobierno, del signo que fuere, la prerrogativa de apelar a la clemencia para facilitar el fin del terror. Ningún político sincero puede asumir esta idea. Cualquier partido responsable estaría dispuesto a aplicar medidas de gracia llegado el instante oportuno.
Lo peor no ha sido la respuesta débil a De Juana, sino el carácter equívoco de la lenidad y el contexto en que se aloja. Por desgracia, la excarcelación se sitúa en una línea de desfallecimientos que no ha hecho más que empezar. Que una porción considerable de los españoles no acierte a hacer las distinciones precisas, es imputable, en primer lugar, al Partido Socialista. Un Estado fuerte, con proyectos claramente explicados, podría permitirse muchas más libertades que este Gobierno vacilante cuyas palabras esconden, desde hace tiempo, un sistemático doble sentido.
Es también claro que comienza a pasar factura la marginación a que se ha sometido al PP, así como la política de derribo que los socialistas inauguraron con el Prestige. El que rompe la baraja obtiene una ventaja inicial. Al cabo de un rato, el gesto se contagia al que está al otro lado de la mesa, y lo que ocurre entonces no es sólo que la ventaja primitiva se reduce, sino, lo que es mucho más grave, que se acaban las reglas de juego.
Estamos asistiendo, en efecto, a un naufragio de las cautelas que garantizan la moderación civil. El viernes pasado, en una intervención exactísima por la radio, Nicolás Redondo Terreros aseveró que las manifestaciones, legítimas siempre, son más comprensibles cuando están encabezadas por un partido pequeño o una plataforma cívica. ¿El motivo? Ni el partido pequeño, ni la plataforma, pueden juntar una mayoría en el Parlamento. Es normal que, acogiéndose al derecho de libertad de expresión, elijan la alternativa de la calle.
Resulta anómalo, por el contrario, que el principal partido de la oposición haga lo mismo. Sobre todo en un régimen parlamentario, el cual, precisamente porque está diseñado para que se formen mayorías acudiendo a pactismos varios, es contrario por naturaleza a que el candidato a ganar unas elecciones se convierta en rehén de las apuestas unipolares en que se apoya la movilización popular.
En un país serio, se habrían evitado estas paradojas colocando ciertas cuestiones más allá de la lucha partidaria. Para eso sirvió, recordémoslo, el Pacto Antiterrorista, suscitado y después enterrado por José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora estamos, por así decirlo, en caída libre. Es notorio que el Gobierno, empeñado en una operación esencialmente imprudente, se dedica sobre todo a trastabillar, y pone el pie, no donde quiere, sino donde le obliga a posarlo la inercia adquirida.
Y si no notorio, sí es conjeturable que la oposición tendrá dificultades crecientes para elegir una estrategia. Lo coherente, es que planteara pronto una moción de censura. ¿Lo hará? La pregunta es interesante. Máxime porque, de momento, carece de respuesta.
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