El precio del agua del Ebro
ANTONIO CERDÁ CERDÁ/
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El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, realizó recientemente su primer viaje a la Región de Murcia para escenificar la enésima inauguración de la desaladora de San Pedro del Pinatar. Zapatero basó la solución a todos los problemas de déficit hídrico del Levante español en las desaladoras y no fue capaz de defender en público la permanencia del trasvase Tajo-Segura, aunque sí lo hiciera en privado ante los regantes.
El Ministerio de Medio Ambiente viene reiterando que el agua del trasvase del Ebro habría resultado más cara que la procedente de la desalación. Pero no resulta complicado demostrar que tal afirmación es solo un modo de ocultar la inoperancia, la incompetencia y quizá la mala conciencia de este Ministerio para buscar una justificación a la derogación del citado trasvase. Aunque a algunos les irrite, el trasvase del Ebro se derogó para que el presidente Zapatero pudiera llegar a la Moncloa, como lo demuestran las palabras de la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, señora Bonés Pahisa: «El objetivo primordial de Esquerra Republicana era derogar el trasvase del Ebro. Nos alegramos mucho de haberlo conseguido. Fue un compromiso del presidente Zapatero impuesto por Esquerra Republicana de Cataluña como ultimátum para apoyar su investidura». No lo digo yo, sino la página 6 del diario nº 236 de las Cortes, del 5 de abril de 2005. Más claro agua. Sin embargo, este Gobierno no ha querido asumir la responsabilidad de esta decisión política y pretende enmascarar la derogación con falsos argumentos técnicos tales como que a) solo se hubieran podido trasvasar 630 Hm3, b) que el coste del agua del Ebro no era de 0´32 euros sino de 0,91 euros, c) que el agua en la desembocadura del Ebro es de mala calidad y d) que el coste del agua desalada es mucho más barata que la del trasvase. Todo ello «demostrado» en un inolvidable informe de tres folios.
Respecto al argumento de que no se podrían trasvasar más de 630 hm3, los datos de la estación de aforo de Tortosa son concluyentes. En los últimos 60 años se han aportado al mar una media de más de 12.000 hm3/año. En los 2 últimos años, coincidiendo con la peor sequía conocida, el Ebro arrojó al mar 7.065 hm3 en el 2004-5 y 6.318 hm3 en el 2005-6, volúmenes más que suficientes para atender las demandas propias de la cuenca, incluidas las ambientales, y trasvasar la cantidad fijada en el PHN.
Los costes del agua estaban más que estudiados en los 914 km de canales, acueductos, túneles y tuberías. El coste de la infraestructura estaba estimado en 4.207 millones de euros. La estructura de los costes anuales estaba clara: 330 millones de euros al año de coste total, de los que 175 eran amortización de la infraestructura, con recuperación total de sus costes, y 155 eran costes de explotación, administración y mantenimiento. De estos, el 43% era energía, el 30% mantenimiento y administración y el 27% restante afecciones y compensaciones. La energía eléctrica, que era el coste más importante para mover los 1.000 hm3, suponía 66 millones de euros, con consumos unitarios inferiores a los 2 kWh/m3 trasvasado. No son estimaciones mías, sino cifras elaboradas por los técnicos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Centro de Estudios Hidrográficos, profesionales competentes que llevan toda su vida dedicada a estudiar estos problemas y siempre han trabajado con honradez, al margen de la conveniencia política del momento.
En una pura contradicción, los actuales responsables del Ministerio de Medio Ambiente, o sus anónimos asesores, fijaron la amortización del trasvase en 25 años, mientras que las desaladoras las amortizan ahora en 50 años, cuando su vida media oscila entre 8 y 12 años. Como ahora conviene, el propio trasvase Júcar-Vinalopó también se amortiza a 50 años, cambiando de criterio a conveniencia, sin el menor rubor. También se ha dicho que el precio varía con la distancia a la toma. Sin embargo, esta es una mera opción política, no es el modelo utilizado en otros servicios públicos. Por ejemplo, el precio de la energía eléctrica para uso doméstico es el mismo en toda España, independientemente de dónde se produzca y de su coste de transporte. Cuesta lo mismo llamar por teléfono desde Madrid a Toledo que desde Madrid a La Coruña. Sin ir más lejos, el agua del Tajo-Segura cuesta lo mismo en Calasparra que en Almeria, y la de la Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene la misma tarifa para todos sus usuarios, estén donde estén. ¿Qué pasa en estos casos? Teniendo en cuenta todas estas premisas, sin subvención la tarifa final del agua del trasvase del Ebro se situaba en 0'32 euros/m3 y con una subvención del 30%, que era lo previsto para la infraestructura, esta sería de 0,23 euros/m3.
El argumento de la mala calidad del agua del Ebro es francamente sorprendente, ya que los habitantes de Tarragona, Reus, del Delta, etc. la utilizan no solo para regar, sino también para beber. ¿Toleran el Ministerio y la Generalitat de Cataluña que se esté dando agua mala para el abastecimiento de sus ciudadanos? Por último, el argumento de los bajos costes de la desalación también está más que estudiado. Por mucho que insista la ministra Narbona, su precio oscila entre 0,50 y 0,70 euros/m3. Esto a pie de mar, sin transporte a las zonas de consumo y sin empezar a funcionar las turbinas, membranas y demás elementos que, cuando se pongan en marcha, sabrá los precios reales del agua desalada.
Resumiendo: El trasvase del Ebro se derogó solo por motivos políticos. Lo demás es querer mentir, confundir y empañar el trabajo más completo de planificación hidráulica que a lo largo del siglo XX se ha hecho en España por técnicos de gobiernos de todos los colores políticos. Los cálculos del precio del agua del Ebro del gobierno socialista son una mentira más para ocultar la falta de valor político para asumir la realidad.
Antonio Cerdá Cerdá. Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia.
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