El fiscal se opone a imputar a los cargos del PP por Gescartera
El fiscal del caso Gescartera, Vicente González Mota, instó al tribunal a que rechace la imputación del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna; la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente, y el vicepresidente Luis Ramallo, es decir, los cargos del Gobierno del PP que tuvieron la responsabilidad de supervisar la actuación de Gescartera y que no detectaron las irregularidades en su actuación ni su vaciamiento patrimonial.
El fiscal explicó que no es que haya un sobreseimiento tácito respecto de esas personas, como alegan algunas acusaciones, sino que la imputación ya fue planteada en la instrucción y fue denegada por la juez Teresa Palacios. El recurso correspondiente contra su decisión también fue rechazado por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, en diciembre de 2005. Ese tribunal consideró entonces que no había indicios de la participación de los citados cargos del PP en el delito de fraude cometido en Gescartera y añadió que si la conducta de los directivos de la CNMV hubiera sido delictiva, ese delito no sería el fraude investigado y por tanto no sería competencia de la Audiencia Nacional.
El fiscal señaló que, a la vista de lo dicho, la imputación de estas personas no está pendiente de resolver como pretenden algunas acusaciones. "Esas personas no han sido imputadas y además no han sido oídas, por lo que no puede haber juicio contra quien no está imputado", concluyó.
Rechazo de las nulidades
González Mota mantuvo su acusación contra Caja Madrid como responsable civil subsidiario, por entender que su situación es diferente de la de otras entidades bancarias, como Deutsche Bank, Bankinter o HSBC, que han quedado excluidos del proceso, porque aunque su conducta -abrir cuentas a clientes de Gescartera sin que éstos lo supieran- fue similar, Caja Madrid suscribió los contratos con Gescartera con posterioridad a la orden ministerial de 7 de octubre de 1999. Para el fiscal, ese detalle supone una infracción reglamentaria que determina que Caja Madrid tenga que afrontar la responsabilidad correspondiente.
El juicio se reanudará el lunes, después de que el tribunal resuelva las cuestiones previas planteadas. No obstante, es evidente que los magistrados tienen decidido rechazar todas las cuestiones que suponen la nulidad de las actuaciones o suspensión del juicio. Y ello es así, puesto que la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González Pastor tuvo un lapsus y anunció que la vista se reanudaría el lunes con el interrogatorio del principal implicado, Antonio Camacho.
La magistrada regañó a los abogados que habían pedido que sus clientes quedaran excusados de asistir al juicio, ya que en el procedimiento abreviado es obligada la asistencia.
El fiscal informó en la vista que el juez Fernando Grande-Marlaska había embargado ya un chalet de lujo adquirido por 1,2 millones de euros en 2006 por Camacho, un piso y una plaza de garaje.www.elpais.es 19.09.07
Los estafados por Gescartera piden que se impute a los cargos del Gobierno de Aznar
Más vale tarde que nunca. Así lo debieron de entender 15 de las 40 acusaciones personadas en el juicio de Gescartera, que se inició ayer, y quienes, a través del representante de la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros (Adicae), Miguel Ángel Roca, reclamaron la nulidad del proceso para que se pueda imputar y juzgar al ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna; la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, y el ex vicepresidente de la entidad Luis Ramallo, es decir, los responsables del Gobierno del PP que tenían la obligación de supervisar la actuación de Gescartera y no detectaron la actuación irregular ni el vaciamiento patrimonial de la agencia.
El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar, que es hermano de la que fue presidenta de Gescartera y una de las principales imputadas, visitó frecuentemente al propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, aunque en su declaración como imputado negó que hubiera beneficiado a la entidad.
Luis Ramallo, ex diputado popular y vicepresidente de la CNMV, recibió 3,1 millones de pesetas en regalos por parte de Camacho y la juez Teresa Palacios instó a que se le investigase por delito de cohecho. Pilar Valiente, aunque estuvo en el ojo del huracán porque Pilar Giménez-Reyna la mencionó en su agenda como la persona que avisó a Gescartera de los problemas que tenía con la supervisión de la CNMV, nunca declaró ni como imputada ni como testigo.
No obstante, y aunque el interés de estas acusaciones es legítimo respecto de los integrantes del organismo de supervisión de Gescartera, Adicae, en un comunicado hecho público ayer, realmente reclamaba que se declarase responsables civiles subsidiarios a los bancos Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bankinter y Deutsche Bank. La razón de esta petición es evidente: seis años después de que estallase el escándalo, el dinero, 50,2 millones de euros, según el escrito del fiscal, sigue sin aparecer. Por tanto, aunque Cajamadrid y La Caixa están declarados responsables civiles subsidiarios, las acusaciones quieren que haya responsables con dinero que puedan afrontar las indemnizaciones que puedan declararse, a la vista de que presumen que el patrimonio de Camacho y de los otros imputados no va a servir para que consigan un solo euro.
La juez instructora Teresa Palacios nunca vio delito en la actuación de la CNMV y en el auto de apertura de juicio oral excluyó a Giménez-Reyna y a Ramallo de toda imputación, lo que suponía para ellos un sobreseimiento tácito.
El recurso correspondiente fue desestimado por Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Palacios, pero para las acusaciones esa resolución no recogía motivación alguna, lo que a su entender supone una vulneración de la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución. De admitirse su petición habría que suspender la vista y anular todo lo actuado hasta que el juez explique por escrito las razones de la no imputación de los ex dirigentes de la CNMV.
Por si eso no fuera suficiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia declaró en mayo de 2004 que la actuación de la CNMV en la persecución de las irregularidades de Gescartera fue correcta y desestimó el recurso presentado por el Instituto Español de Misiones Extranjeras y Construcciones Aval SL, que reclamaba la responsabilidad patrimonial de la CNMV por mal funcionamiento de los servicios públicos, en concreto del servicio de supervisión e intervención de Gescartera. La omisión de la CNMV en el ejercicio de sus funciones de vigilancia e intervención de Gescartera habría obligado a la Administración a indemnizar los perjuicios causados a los recurrentes. Pero como la institución quedó exonerada, las acusaciones tratan de imputar a sus responsables.
El juicio se inició ayer con más expectación de los medios de comunicación que de los propios interesados, la mayoría de los cuales han sido indemnizados en mayor o menor porcentaje por el Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain). Quizá por eso, o porque ya estaban advertidos de que sólo se iban a dilucidar las cuestiones previas y que el principal acusado, Antonio Camacho, no declarará previsiblemente hasta el próximo lunes, sólo acudieron ocho de los 4.000 afectados. www.elpais.es 18.09.07
Cajamadrid reclama
Cajamadrid cree que no ha recibido el mismo trato procesal que otras entidades cuya participación en el caso Gescartera le parece similar a la suya. Cajamadrid está acusada como responsable civil subsidiaria, es decir que si fuera condenada por los manejos de Camacho y los suyos, debería pagar, posiblemente a medias con La Caixa, hasta 26 millones de euros. Sin embargo, Carlos Aguilar, abogado de Cajamadrid Bolsa, reclamó ayer igual trato que el recibido por otras entidades que han aparecido en el proceso y no están imputadas, como el HSBC, Deutsche Bank, Bankinter o el Banco Santander. Dos empleados de La Caixa están imputados, pero no hay ningún acusado que pertenezca a la plantilla de Cajamadrid, ni el fiscal y ni las acusaciones han detallado en qué oficina de Cajamadrid se ha cometido el delito, ni por qué empleado, ni cuándo, ni el perjuicio ocasionado por Cajamadrid.www.elpais.es 18.09.07
El caso Gescartera llega a juicio sin rastro del dinero
Los cerca de 4.000 inversores estafados perdieron 50 millones de euros
El 'caso Gescartera ', la oscura agencia de valores que hizo tambalearse a toda la cúpula económica de los Gobiernos de José María Aznar, se acerca por fin a su resolución. La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes, más de seis años después de que saltase el escándalo, a los 14 acusados por una estafa estimada en 50,2 millones de euros a 4.000 inversores entre los años 1992 y 2001. No son cifras muy abultadas si se las compara con los 350.000 afectados de Forum y Afinsa y sus 6.203 millones desaparecidos, pero ningún fraude reciente ha provocado la dimisión de todo un secretario de Estado de Hacienda o una presidenta del órgano supervisor de los mercados.
Gescartera, más allá de un estafa de enorme magnitud, se ha convertido en un símbolo de los 'pelotazos' financieros en el ocaso del siglo XX y en un estigma para la exitosa gestión económica de los ejecutivos 'populares' que lideró José María Aznar. Pese a que ninguno de los políticos implicados se sentará en el banquillo, todavía se dejan sentir los efectos de la descomunal polvareda que levantó la polémica lista de inversores y las relaciones de sus administradores con varios pesos pesados del equipo económico del entonces vicepresidente Rodrigo Rato.
Los inversores sólo han logrado rescatar 26 millones de euros por la cobertura del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), por lo que la pieza de responsabilidad civil de este juicio, en caso de que haya sentencia condenatoria, será el último resquicio para recobrar su dinero.
Un negocio de alta rentabilidad
Con una forma de negocio "muy transversal" y agresiva, ya que ofrecía rentabilidades superiores a las habituales en el mercado, Gescartera logró labrarse un volumen de clientes suficiente, en nueve años de existencia, para tapar supuestamente una estafa, que dominó la actualidad política y judicial de España durante varios meses del año 2001, con comisión de investigación en el Parlamento y dimisión del máximo responsable del organismo regulador de los mercados incluidos.
Ahora, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sentarán catorce imputados por la Fiscalía Anticorrupción, encabezados por el principal responsable de la sociedad, Antonio Camacho Friaza, fundador de Gescartera en 1992, que ya cumplió tres años de prisión preventiva y habrá de enfrentarse a los once años de cárcel que pide el Ministerio Público para él por dos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad.
También comparecerán como acusados la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, los directivos José María Ruiz de la Serna y Anibal Sardón, quienes afianzaron la operativa de la agencia de valores con los bancos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según revelan los 50.000 folios de investigación instruida por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios.
Catorce acusados en el banquillo
Según el fiscal, en la operativa de la estafa intervenían otros acusados como el informático Miguel Ángel Vicente, quien preparaba las bases de datos para dar una idea "ficticia" a los clientes de las inversiones, o Julio Rodríguez Gil, Carlos Pascual Ortín y Agustín Fernández Ameneiro, quienes ajustaban los beneficios y pérdidas de los clientes de la entidad, además de buscar métodos para "captarlos".
También la actual mujer de Antonio Camacho, Laura García Morey, figura como acusada ya que mantenía la propiedad de las empresas Dacna y Colombo con el principal imputado de Gescartera, al igual que hacía Inmaculada Baltar, quien compartía con Camacho la sociedad Administración y Gestión de Patrimonios (AGP).
Otros empleados de Gescartera como Ángeles Leis y Francisco Javier Sierra de la Flor, además de los responsables de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral contribuían a esta operativa, por la que, según fuentes jurídicas, se pagaban fuertes comisiones por captar clientes.
Seis años esperando el juicio
Las acusaciones se han quejado de que la lentitud de la justicia no ha logrado bloquear a tiempo muchas cuentas de los principales responsables de Gescartera que incluso, en el caso de Camacho, han estado ligados a asesorías financieras y jurídicas o han logrado que les otorguen hipotecas para la compra de propiedades inmobiliarias.
Por eso, durante el juicio buscarán que se confirme la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, ya que, según fuentes jurídicas, la primera entidad ejecutaba las órdenes de compra y venta de valores mientras que la segunda aportaba el dinero de los clientes para secundar estas transacciones.
También se podrían considerar responsables civiles como "partícipes a título lucrativo", los herederos del padre de Antonio Camacho, José Camacho; a su madre, Pilar Friaza, y su hermano José Rafael, así como otros familiares de varios empleados de Gescartera o de ejecutivos del HSBC.
A partir de mañana, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por la juez Carmen González Pastor, Juan Francisco Martel Rivero y Ángeles Barreiro, decidirá sobre el caso.
En la lista de inversores de Gescartera figuran desde mutuas y colectivos solidarios de policías y guardias civiles, múltiples congregaciones religiosas y pequeños ahorradores, hasta otros inversores más pudientes, con cuentas en paraísos fiscales, que buscaban incluso, según fuentes jurídicas, las minusvalías de la agencia de valores para evitar pagos a Hacienda.
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