La cosa viene de lejos, pero podríamos resumir el proyecto político de los nacionalistas vascos y catalanes durante estas últimas décadas como el intento de convertir una sociedad plural y heterogénea, como es la española de los últimos treinta años, en comunidades vertebradas a partir de fidelidades absolutas y unánimes, y definidas por exclusiones esencialistas (como dijo el senador del PNV, Xavier Makeda, “el que no se sienta nacionalista no tiene derecho a vivir”). En suma, se trataría de recuperar claves atávicas de raigambre etnicista en pleno siglo XXI.Esta estrategia nacionalista, de la que todavía soportamos sus efectos (el Plan Ibarreche, por ejemplo), se pone en marcha tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En 1998, con el Pacto de Estella, el PNV arrebata a ETA el liderazgo del frente nacionalista y es el que va marcando los plazos y las estrategias. Basa su fuerza el partido aranista en los poderes que el mismo Estado ha puesto a su disposición, y que utiliza para enfrentarse al mismo.
El Pacto de Estella (12/09/1998) lo firman cuatro partidos políticos (PNV, HB, EA y EB), siete sindicatos (ELA, LAB, etc.) y nueve organizaciones de distinto tipo (Gestoras pro-Amnistía, Elkarri, etc.). Se crea con ello un frente nacionalista con la clara intención de polarizar la sociedad vasca, en el contexto de un directo enfrentamiento con el Estado. Si, por una parte, el pacto de Ajuria Enea (Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi) de 1988 pretendía aislar a los etarras oponiéndoles un bloque democrático, en Estella el problema terrorista se define como un conflicto político que no se dirime entre vascos, sino “entre Euskadi y España”, y en el que la legalidad constitucional ya no sirve para solucionarlo. Ya no se trata de aislar a ETA, sino de negociar con ella. La negociación tiene un único sentido: el independentista; y una única solución: asumir las exigencias de ETA para que supuestamente deje de atentar. Para ello ETA sólo se ofrece una contrapartida: la tregua, que no es definitiva, sino una “tregua trampa” (como la bautizó Mayor Oreja), que permite fortalecer el entramado etarra y apaciguar el llamado ‘espíritu de Ermua’, que los nacionalistas (sobre todo el PNV) percibían como una amenaza para el mantenimiento de su hegemonía en el País Vasco.
La base de ese pacto nacionalista, su espíritu intelectual, residía en un documento preparado por el dirigente del PNV Juan María Ollora (la llamada ‘Vía Ollora’): la premisa consiste en forzar la independencia desde el propio gobierno vasco con medidas políticas o simbólicas que incentiven la construcción nacional. Se trata de imponer “actos de soberanía” que produzcan realidad, es decir, que generen sentido en la sociedad; de articular sistemas simbólicos de modo que su sentido penetre en la esfera de lo real; de imponer ficciones para imponer luego su realización. Un ejemplo podemos verlo en la creación en ese momento de la Udalbiltza (Asamblea de ayuntamientos y municipios vascos), que tenía como fin una cierta unificación de los territorios considerados como parte de la mítica Euskal Herria.
Todo esto está claro y demostrado con hechos y palabras. A partir de aquí trazo una hipótesis: la de la unión del nacionalismo vasco y catalán en una única estrategia para asaltar el Estado desde dentro (sirviéndose de las propias instituciones) y desde fuera (sobre todo con ETA). La idea es que tras el llamado Pacto de Barcelona (firmado por PNV, CiU y BNG), ambos nacionalismos (al que se suma el gallego, aunque con un menor peso) parecen seguir cierta línea de confrontación en base a unos objetivos comunes. Se abre, como sostienen, una “segunda Transición”, en la que despliegan cierta unidad de acción y una estructurada dosificación de los momentos en los que se despliegan sus diferentes ataques contra el Estado.Este proceder permite avanzar en la dirección soberanista, pero no alcanzar los fines deseados. Por ello, la estrategia se modifica en un punto decisivo: la inclusión del PSOE en la misma, aunque sea indirectamente. Todo esto empieza a concretarse de forma explícita en el Pacto del Tinell (2003), gracias al cual desde el nacionalismo se ha conseguido ir apartando al PSOE del PP (que pasa a ser, en este pacto, un auténtico chivo expiatorio) y, en consecuencia, de unos pactos constitucionales que parecían consolidados (1). De esta manera el PSOE cada día parece más nacionalista, y eso, teniendo en cuenta que es el partido que gobierna hoy en España, no deja de tener connotaciones muy preocupantes. En su voluntad de alcanzar y acaparar poder, el PSOE ha ido perdiendo su identidad como partido nacional y socialista, y todo ello para ir aceptando progresivamente los argumentos de los partidos nacionalistas, entregados desde 1998 a una estrategia de declarada confrontación contra el Estado. Dicha estrategia ha conseguido subvertir la dinámica negativa que para ellos suponía la creciente debilidad de ETA, y les ha permitido acercarse cada vez más a sus codiciados objetivos soberanistas.
(1) Durante las negociaciones para formar gobierno en el Parlamento de Cataluña, se especuló mucho sobre un pacto entre nacionalistas, ERC-CiU. Sin embargo, un acuerdo de esta naturaleza no servía a los intereses de la estrategia nacionalista aquí analizada. Imagino que ERC valoró la situación de esta manera: pactar con CiU no modificaba la situación en Cataluña, ya que se formaría una dinámica de bloques, el nacionalista y el constitucionalista, y eso no permitía cambiar al marco constitucional. Sin embargo, un pacto con el PSC-PSOE permitía acercar a los socialistas al el nacionalismo, rompiendo los pactos firmados con el PP, como el llamado Pacto Antiterrorista. También sería positiva la desviación de CiU hacia la oposición, porque suponía que el nacionalismo inundaría toda la política catalana (la oposición a un gobierno nacionalista también sería nacionalista), y en extensión, la española.
(Escrito por Horrach)
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